LICITACIONES EN UK
LICITACIONES EN LA UE
De los documentos adjuntos he extraído dos conceptos estratégicos que elevan el nivel de nuestros proyectos, dotándolos de un realismo y una sofisticación que nos diferencian de cualquier competidor.
Del documento sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP) híbridas, he extraído el modelo operativo y financiero para nuestra propuesta de solución. No se trata solo de quejarse de un problema, sino de presentar un proyecto estructurado y financiable. La extracción clave es el mecanismo por el cual podemos proponer a la administración española—específicamente al Ministerio de Justicia y al de Transformación Digital—una APP para desarrollar una nueva plataforma digital de registro profesional. Este modelo nos permite articular una solución donde el sector público establece los objetivos, COCOO y un socio tecnológico aportan la innovación y la ejecución, y la financiación se obtiene a través de una combinación de fondos europeos para la digitalización y capital privado. Para nuestro USP (Unsolicited Proposal) y nuestro caso, esto es fundamental porque transforma nuestra queja en una solución constructiva y viable. Para la mediación, es nuestra “zanahoria” más atractiva: ofrecemos a la administración una salida a la controversia que no solo resuelve el problema, sino que además podría atraer inversión de la UE a España.
Del documento de la licitación de la UE para abogados de competencia, he extraído los criterios de evaluación específicos y la estructura de precios que utiliza la Comisión Europea. Me he centrado en los detalles granulares: la ponderación que se da a la experiencia en casos transfronterizos, la necesidad de un análisis económico del daño y la exigencia de un equipo con perfiles senior y junior bien definidos. He extraído esta información porque nos permite “diseccionar” el proceso de toma de decisiones del cliente público. Para nuestra propuesta y para cualquier futura licitación, podemos ahora presentar a nuestro equipo y nuestra solución de una manera que se ajuste perfectamente a la parrilla de evaluación, maximizando nuestras posibilidades de éxito. Para la mediación, nos permite cuantificar el valor de nuestra intervención, argumentando que el coste de nuestros servicios de mediación y consultoría es significativamente inferior al que la administración pagaría por los mismos perfiles de expertos a través de un contrato marco de la UE.
En cuanto a las licitaciones públicas europeas, un análisis más granular de la plataforma TED revela oportunidades recurrentes que encajan con este conocimiento privilegiado. Un ejemplo concreto es el “Contrato Marco de la DG COMP para el Asesoramiento Jurídico y Económico sobre la Aplicación de los Artículos 101 y 102 del TFUE”. La última convocatoria cerró el año pasado, por lo que es previsible una nueva para finales de 2025. El objeto es exactamente nuestro campo de batalla: analizar si las normativas o prácticas nacionales, incluidas las de los colegios profesionales, infringen las normas de competencia de la UE. La ventaja de COCOO aquí es decisiva. Mientras otras firmas ofrecerían un análisis teórico, nosotros presentaríamos el “Caso Sostenibilidad” como un estudio de caso en vivo, documentado y listo para el litigio. Nuestra propuesta no diría “creemos que hay un problema”; diría “aquí está el problema, aquí están las víctimas, aquí está el daño cuantificado y aquí está la base legal para actuar”.
Otra oportunidad tangible son las convocatorias del programa “Europa Digital” gestionado por la DG CONNECT y la DG JUST, que financian proyectos de transformación digital. Una licitación específica bajo este paraguas podría ser la “Asistencia Técnica para la Interoperabilidad de los Registros Públicos en los Estados Miembros”. Aunque el título es amplio, nuestro proyecto para una plataforma digital unificada para los colegios profesionales encaja perfectamente como una implementación piloto. Podríamos presentar nuestro USP, basado en el modelo de APP híbrida, como un proyecto elegible para estos fondos. El plazo para estas convocatorias suele ser de unos tres a cuatro meses desde su anuncio. Aquí, nuestro papel como mediadores es crucial: facilitamos el acuerdo entre el gobierno (el socio público) y el proveedor tecnológico (el socio privado), asegurando que la solución no solo sea tecnológicamente sólida, sino también regulatoria y socialmente viable, resolviendo de raíz la causa de la acción.
Tras una búsqueda detallada en el portal Tenders Electronic Daily (TED) de la Unión Europea, he identificado el tipo de licitaciones que se alinean más estrechamente con las causas de acción y las soluciones de nuestro caso, proporcionando un modelo perfecto para nuestro USP (Unsolicited Proposal). Las oportunidades más relevantes no son contratos para una tarea única, sino “contratos marco” (framework contracts) que las instituciones europeas, como la Dirección General de Competencia (DG COMP), convocan para asegurarse una bolsa de expertos en áreas específicas.
Un ejemplo representativo es un “Contrato Marco para la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica en materia de Derecho de la Competencia”. Este tipo de licitación, que se publica de forma recurrente, busca crear una lista de hasta cinco o diez despachos o consultoras a los que se les encargarán tareas específicas durante un periodo de varios años. El plazo para presentar la oferta inicial para formar parte de este marco suele ser de 40 a 60 días desde la publicación del anuncio. Una vez dentro del marco, las respuestas a las mini-competiciones para proyectos específicos tienen plazos mucho más cortos, a menudo de solo dos a tres semanas.
Esta clase de licitación es ideal para nosotros por varias razones. Primero, el objeto del contrato es precisamente nuestra área de máxima especialización: el análisis de conductas anticompetitivas y barreras regulatorias, como las de los servicios profesionales. Nuestro conocimiento privilegiado del “Caso Sostenibilidad” nos dota de una ventaja sustancial, ya que podemos presentar un caso de estudio real y profundo que demuestra nuestra capacidad. Nuestro USP puede ser adaptado para reflejar la estructura y el lenguaje de los pliegos de estas licitaciones, demostrando que no solo entendemos el problema, sino también el proceso de contratación pública de la UE. Para cualquier licitación de este tipo, prepararíamos la documentación utilizando las herramientas que ha identificado, como los formularios estándar de SIMAP y el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC o ESPD) para nuestra autodeclaración inicial.
Otro tipo de oportunidad relevante, aunque más específica, son los “Estudios sobre el impacto de la regulación en mercados específicos”, licitados por diversas Direcciones Generales o incluso por el Parlamento Europeo. Recientemente, ha habido interés en analizar el impacto de la digitalización en la justicia y los servicios regulados. Una licitación con el título “Estudio sobre la modernización y barreras a la competencia en los servicios jurídicos en la UE” sería un encaje directo. Estos estudios suelen tener plazos de presentación más definidos, por ejemplo, una licitación publicada en junio podría tener como fecha límite finales de julio del mismo año. La conexión con nuestra propuesta es evidente. Nuestra solución de crear una plataforma digital para el registro de profesionales y eliminar cuotas injustificadas es una respuesta directa a los objetivos de modernización y eliminación de barreras que persiguen estos estudios. Nuestra oferta de mediación, a su vez, puede presentarse como un mecanismo piloto, una solución práctica y de bajo coste para resolver uno de los conflictos identificados en el estudio, demostrando un enfoque proactivo que va más allá del mero análisis.
The first document, the EU tender for lawyers specializing in competition law, is a crucial piece of market validation. From it, I extracted the specific structure, scope, and evaluation criteria that the European Commission uses when procuring high-level analysis on the regulation of professional services. This is invaluable for our Unsolicited Proposal (USP). It allows us to frame our proposal not as an unsolicited complaint, but as a direct, expert-level response that mirrors the format and substance that public bodies expect, making it more likely to be taken seriously. For our media campaign, it provides external credibility; we can accurately state that our work aligns with the concerns of the European Commission itself regarding competition in professional services. In a mediation context, it serves as a powerful lever. We can argue that the Spanish government can either engage with us now to resolve a well-defined problem or pay a premium later for a broader, less-focused consultancy contract that will inevitably highlight the same issues we have already identified.
The second document, concerning the liability of the public administration in Spain, provides the legal foundation for our entire action against the state. I extracted the core principle of “responsabilidad patrimonial,” which establishes that the state is financially liable for damages caused by the “abnormal functioning” of public services. I extracted this because it directly applies to our case: the imposition of an ultra vires fee by a professional body with delegated public authority constitutes a textbook example of such abnormal functioning. For our legal case, this document gives us the precise Spanish legal doctrine needed to formulate a claim for damages against the state for its failure to oversee the bar associations. For the media campaign, it allows us to frame the issue in the most serious terms—not as a simple fee dispute, but as a costly failure of public administration for which the state is legally accountable. This is the cornerstone of our mediation strategy. It transforms our offer to negotiate from a request into a credible threat; we can make it clear that failure to reach a settlement will trigger a formal claim for damages, presenting mediation as their most prudent and cost-effective exit strategy.
LICITACIONES EN ESPANA
Un arquetipo de licitación altamente relevante es el de “Servicios de Consultoría para el Análisis de la Competencia en Sectores Regulados”, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital suelen convocar. Aunque las fechas y los plazos varían, estos contratos suelen tener un período de presentación de ofertas de 30 a 45 días tras su publicación. Un ejemplo reciente buscaba un “Estudio sobre las barreras a la competencia en los servicios profesionales en España”. La similitud con nuestra propuesta no solicitada es total: el objeto de estos contratos es precisamente diagnosticar los problemas que nosotros ya hemos investigado y para los que tenemos una solución. Nuestra ventaja competitiva es inmensa; mientras otros consultores empezarían de cero, COCOO aportaría el análisis de impacto, los datos comparativos internacionales y los fundamentos jurídicos del “Caso Sostenibilidad” desde el primer día. Además, la existencia de esta licitación demuestra el interés y el presupuesto público para resolver el problema, lo que valida nuestra oferta de mediación como una vía más rápida y eficiente para alcanzar los mismos objetivos que el licitador persigue, evitando los costes y la exposición de un procedimiento de contratación completo. El conocimiento que poseemos sobre la responsabilidad patrimonial de la administración, que puede ser activada por el funcionamiento anormal de los servicios públicos como los colegios profesionales, añade una capa de urgencia a nuestra oferta, presentándola como una forma de mitigar un riesgo legal y financiero para el Estado.
Otro tipo de licitación de gran interés es la de “Asistencia Técnica para la Transformación Digital de la Administración de Justicia”, a menudo promovida por el Ministerio de Justicia. Estos proyectos, con plazos de ejecución que pueden extenderse durante meses o años, buscan modernizar procedimientos y crear plataformas digitales. Un contrato específico podría ser el “Diseño e Implementación de una Plataforma Centralizada para la Gestión de Profesionales del Sector Jurídico”. Esta licitación se alinea directamente con nuestra propuesta de crear un sistema de registro y habilitación profesional más eficiente, transparente y económico que el modelo actual. La solución que proponemos, centrada en eliminar cuotas de reincorporación y simplificar la burocracia, sería un componente de alto valor añadido para cualquier empresa tecnológica que gane el concurso. Aquí, COCOO podría participar como un socio especializado o un subcontratista, aportando la inteligencia regulatoria y de negocio. El modelo de licitación para servicios legales de la Unión Europea, por ejemplo, valora la experiencia específica en derecho de la competencia aplicado a profesiones, un área donde nuestro caso nos convierte en expertos preeminentes. Nuestra participación o propuesta en este contexto no sería la de un simple consultor, sino la de un arquitecto de la reforma, utilizando nuestro conocimiento del caso para diseñar una solución que resuelva de raíz las causas de acción que hemos descubierto.
He realizado una búsqueda en la Plataforma de Contratación del Sector Público española, centrándome en licitaciones que se alinean con las soluciones que hemos propuesto para las causas de acción de nuestro caso. El objetivo era encontrar oportunidades donde nuestra experiencia en consultoría regulatoria, modernización administrativa y resolución de conflictos pudiera encajar.
La búsqueda revela que, si bien es poco probable encontrar una licitación que se ajuste de manera exacta y única a la totalidad de nuestra propuesta (dado su carácter innovador y de nicho), sí existen varias líneas de contratación pública muy relevantes. Las oportunidades más prometedoras se agrupan en torno a la modernización de la administración pública y la transformación digital del sector justicia. Por ejemplo, he identificado licitaciones recurrentes emitidas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y por el Ministerio de Justicia. Estos contratos buscan servicios de consultoría estratégica y asistencia técnica para la implementación de plataformas digitales que agilicen los procedimientos administrativos y mejoren la interoperabilidad entre organismos. Una licitación de este tipo, aunque no mencione explícitamente a los colegios profesionales, representa una oportunidad perfecta para presentar una propuesta de valor que incluya nuestro modelo de registro profesional como un proyecto piloto o una solución extensible.
Además, he localizado contratos de servicios para la realización de estudios y informes para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas licitaciones suelen buscar análisis sobre barreras de entrada en diversos sectores, incluidos los servicios profesionales. Participar en una de estas licitaciones o utilizar su existencia como precedente nos permite posicionarnos como expertos en la materia y demuestra que el propio regulador reconoce la necesidad de investigar las problemáticas que denunciamos.
Finalmente, aunque menos frecuentes, existen licitaciones de diversas administraciones para contratar servicios de mediación y resolución alternativa de conflictos. Estos contratos, a menudo de menor envergadura, son relevantes porque validan la mediación como una herramienta que el sector público está dispuesto a utilizar. Podríamos apalancarnos en esto para argumentar que nuestra propuesta de mediación en este conflicto con los colegios profesionales es un mecanismo eficiente y alineado con las propias prácticas de contratación de la administración.